Manifiesto en defensa de nuestra profesión

POR EL PATRIMONIO, POR UNA PROFESIÓN NECESARIA

El Patrimonio Cultural es el conjunto de expresiones, materiales e inmateriales, a través de las cuales la creatividad humana muestra la conformación de su cultura. Su pérdida y deterioro resulta irreemplazable: perdemos nuestro pasado, perdemos memoria y por ende trascendencia como sociedad. Por si eso no fuera suficiente, también se dilapida el potencial socioeconómico que su respetuoso aprovechamiento genera.

Coincidimos en la riqueza de nuestro legado patrimonial y su inmensa aportación a la cultura universal. Ese potencial debe estar legitimado por la propia sociedad, que establecerá qué debe ser preservado: las acciones hacia el Patrimonio Cultural se fundamentan en el reconocimiento social de su valor, en la asunción de la necesidad de proteger su herencia. Necesitamos una sociedad preocupada por su pasado, consciente de su papel activo en su defensa.

En ese contexto y en palabras de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations): “el rol fundamental de la profesión de Conservación-Restauración es la preservación del Patrimonio Cultural en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La profesión de la Conservación-Restauración contribuye a la percepción, apreciación y comprensión del Patrimonio Cultural con respecto a su contexto ambiental y su importancia y propiedades físicas.” Dicha definición quedó ratificada en la Declaración de Berlín de 2015, por los 22 países europeos que componen E.C.C.O. y recogida y ratificada por la Declaración de Nájera en 2017, uniendo bajo un mismo marco común a centros educativos, así como las Asociaciones que defienden la profesión del Conservador-Restaurador cualificado en España.

Para la consecución de ese mandato social, la profesión de Conservación-Restauración debe alcanzar un reconocimiento similar al que recibe el Patrimonio Cultural. Y esa condición inicial no parece haberse logrado, lo que produce, no sólo una condición de trabajo insoportable sino, más grave, acciones indeseadas y sobre todo omisiones en la ineludible tarea de proteger el Patrimonio Cultural.

Quienes nos formamos en Conservación-Restauración durante al menos cuatro años en escuelas y facultades, tenemos la obligación de cumplir un código ético muy estricto y de conocer los procesos de deterioro para responder con acciones complejas que garanticen la perdurabilidad de los bienes culturales. Esa formación recibida tiene un amplio reconocimiento internacional que nos prepara para ejercer la profesión. Pero al tiempo observamos el florecimiento de
propuestas formativas irregulares que parecen legitimar la ejecución de trabajos altamente especializados a personas sin la formación debida.

Debemos trabajar con unos estándares de calidad elevados, lo que impone una regulación en el acceso al trabajo y unos proyectos tan exigentes como la formación recibida. Y sin embargo, no percibimos esas condiciones en el mercado real: las normas del juego no están definidas y las inversiones se reducen cada día. La escasa normativa, como la Ley de Contratos del Estado, se limita a dificultar dicho acceso y a favorecer el abaratamiento de los trabajos.

De seguir en la actual situación, existe el riesgo cierto de que las personas que ejercen la profesión opten por emigrar, buscando horizontes más favorables, y terminemos por atraer profesionales con menor preparación como ya ocurre en el sector de la Sanidad.

Percibimos en el fondo una escasa sensibilidad social hacia el Patrimonio que nos afecta directamente y que se evidencia en la falta de criterio y financiación de las actuaciones de Conservación-Restauración. Sufrimos la ausencia de leyes adecuadas y de planes coherentes. Faltan profesionales en el diseño de las políticas de protección, en las administraciones públicas y en los museos. Falta ambición y planificación, salvo cuando el Patrimonio Cultural  puede ser utilizado por el cuerpo político como aglutinador social o como recurso turístico.

La falta de reconocimiento social se ve incentivada por no penalizar intervenciones que claramente constituyen delitos contra el Patrimonio Histórico Artístico. Ninguna denuncia prospera porque la Conservación se considera un ejercicio opinable relacionado únicamente con la estética.

Con este manifiesto hacemos una llamada general a la sociedad española, y muy particularmente a sus representantes políticos y sus gobernantes, para que pongan atención sobre una profesión necesaria y aborden la resolución de las incertidumbres que ensombrecen su capacidad de acción. No sólo estamos hablando de la supervivencia de un grupo profesional; más bien de la urgencia de atender las necesidades de nuestro Patrimonio Cultural. La Conservación-Restauración del Patrimonio Cultural no es un hobby, es una profesión.

La memoria de nuestra sociedad está en juego.

Como profesionales de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de España, ante la presente situación en que se encuentra la tutela y protección de nuestro patrimonio exigimos:

1. Que se defina, regule, y unifique de manera inmediata la profesión de Conservación-Restauración, sus estudios y titulación, para terminar con el intrusismo profesional que tanto daño hace a nuestro Patrimonio Cultural.

2. Que se legisle de manera clara y se cumpla esta legislación, de forma que toda actuación de conservación restauración en el ámbito público esté proyectada, dirigida y realizada por profesionales de la Conservación-Restauración que cuenten con formación académica y con la experiencia necesaria. Deberán evitarse las adjudicaciones por bajada de presupuesto en los concursos de obras, porque condenan al sector a la indigencia, convirtiendo al colectivo en
profesionales desplazados y sin recursos que trabajan en condiciones precarias. Con frecuencia abandonan pronto la profesión, perdiendo el beneficio de su experiencia.

3. Que se adapte, o interprete adecuadamente, la Ley de Contratos del Sector Público, acorde a la excelencia y especificidad que este tipo de intervenciones requiere, siendo necesario, para las Mesas de Contratación, contar con profesionales con la cualificación adecuada que redacten los pliegos y valoren los proyectos, evitando así que la conservación restauración de nuestro patrimonio se rija por criterios exclusivamente económicos, de Capacidad Técnica y Solvencia Económica que premian a las grandes empresas y castigan a las PYMES que se dedican a la ConservaciónRestauración del Patrimonio Cultural. Ha de permitirse la libre competencia en igualdad de condiciones, para asegurar la protección de nuestro importante Patrimonio Cultural y su legado a futuras generaciones.

4. Que en el ámbito de la conservación de nuestro Patrimonio Cultural se trabaje con visión a largo plazo y de sostenibilidad, contemplando siempre tres fases en toda actuación: primera fase, la
investigación y difusión; segunda fase, la intervención; y tercera fase, el mantenimiento del Bien Cultural intervenido. Y se dote a la Administración de personal técnico competente para la vigilancia
de estas normas.

5. Que se distinga entre la redacción de proyectos de bienes inmuebles de la de los bienes muebles, así como su ejecución. En el caso de los proyectos monumentales, que se exija la distinción de los
elementos artísticos vinculados a estos monumentos y que la elaboración del proyecto de intervención sea hecha por profesionales especialistas en la Conservación-Restauración, que
implique la contratación específica de personas o empresas verdaderamente especializadas en esta disciplina.

En Madrid, a 25 de Mayo de 2018.

Asociación de conservadores y restauradores del Principado de Asturias

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